Macri creó un gabinete paralelo para lidiar con la Justicia porteña
| 09.03.2010
Está presidido por José Torello, amigo personal del ex presidente de Boca y su jefe de asesores. Cuenta con un grupo de abogados y funcionarios. Empezará a funcionar este jueves y buscará delinear la estrategia para relacionarse con el Poder Judicial. Durante dos años de gestión Macri sufrió todo tipo de amparos y derrotas en ese ámbito.
Luego de dos años con Pablo Tonelli como Procurador, quien llevó a cabo recusaciones masivas en el Fuero Contencioso Administrativo, y tras una serie de gestos provocativos contra la Justicia, la relación con el Ejecutivo se dio en medio de un clima de conflicto permanente entre los dos Poderes de la ciudad.
Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri decidió comenzar a cambiar su política judicial, en especial pensando en la gran cantidad de amparos que un grupo de jueces han aceptado (en vivienda por ejemplo) y que generaron bronca en el Ejecutivo.
Por ello se conformó un “gabinete jurídico” para coordinar acciones vinculadas al Poder Judicial porteño.
Está presidido por el jefe de asesores y amigo personal de Macri, José Torello, y está integrado por Daniel Presti (subsecretario de Justicia), Pablo Clusellas (Legal y Técnico), Ramiro Monner Sans (Procurado adjunto), el legislador porteño Gerardo Ingaramo (presidente de la comisión de Justicia) y Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, ex jefe de gabinete de Espacio Público y abogado estrella del gobierno.
Según pudo averiguar LPO, el jueves tendrán una de las primeras reuniones para analizar los pasos a seguir.
Su primera acción conjunta fue hace dos meses cuando Diego Guelar, titular de la Fundación Ciudad y especialista en relaciones internacionales del PRO, pidió una amnistía para los militares involucrados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
En ese entonces, el incipiente “gabinete jurídico” armó la solicitada que fue publicada en los diarios al otro día en la cual el macrismo se despegaba de sus opiniones y apoyaba la política de Derechos Humanos contra los genocidas.
La conformación de esta mesa se dio justo después de que el jefe de gobierno tomara la decisión de desplazar a Tonelli, quien mantuvo una conflictiva relación con la Justicia, en especial con el Fuero Contencioso Administrativo.
En su lugar, nombró a Ramiro Monner Sans (hijo del célebre abogado), un abogado de diálogo y que pretende una impronta distinta a la de su antecesor.
En la misma sintonía, en la Legislatura porteña desembarcó Gerardo Ingaramo al frente de la comisión de Justicia. El diputado, del sector más acuerdista del PRO, cuenta con una buena llegada al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al Tribunal Superior de Justicia porteño.
Por ello en los próximos meses en el macrismo comenzó a circular la idea de avanzar en una Reforma del Fuero Contencioso pero de manera escalonada. Una de las primeras medidas que se estudian es buscar mecanismos que permitan destrabar expedientes vinculados a ejecuciones por muy bajo valor.
Esta es una de las causas del colapso que vive hoy la Justicia de la ciudad en este Fuero y que tiene como consecuencia directa el retraso en las decisiones.
De todas maneras, ya el año pasado el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, había ensayado un acercamiento a los jueces de primera instancia para intentar conciliar posiciones luego de los embates de Tonelli. Ahora el “gabinete jurídico” promete seguir esa línea.
Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri decidió comenzar a cambiar su política judicial, en especial pensando en la gran cantidad de amparos que un grupo de jueces han aceptado (en vivienda por ejemplo) y que generaron bronca en el Ejecutivo.
Por ello se conformó un “gabinete jurídico” para coordinar acciones vinculadas al Poder Judicial porteño.
Está presidido por el jefe de asesores y amigo personal de Macri, José Torello, y está integrado por Daniel Presti (subsecretario de Justicia), Pablo Clusellas (Legal y Técnico), Ramiro Monner Sans (Procurado adjunto), el legislador porteño Gerardo Ingaramo (presidente de la comisión de Justicia) y Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, ex jefe de gabinete de Espacio Público y abogado estrella del gobierno.
Según pudo averiguar LPO, el jueves tendrán una de las primeras reuniones para analizar los pasos a seguir.
Su primera acción conjunta fue hace dos meses cuando Diego Guelar, titular de la Fundación Ciudad y especialista en relaciones internacionales del PRO, pidió una amnistía para los militares involucrados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
En ese entonces, el incipiente “gabinete jurídico” armó la solicitada que fue publicada en los diarios al otro día en la cual el macrismo se despegaba de sus opiniones y apoyaba la política de Derechos Humanos contra los genocidas.
La conformación de esta mesa se dio justo después de que el jefe de gobierno tomara la decisión de desplazar a Tonelli, quien mantuvo una conflictiva relación con la Justicia, en especial con el Fuero Contencioso Administrativo.
En su lugar, nombró a Ramiro Monner Sans (hijo del célebre abogado), un abogado de diálogo y que pretende una impronta distinta a la de su antecesor.
En la misma sintonía, en la Legislatura porteña desembarcó Gerardo Ingaramo al frente de la comisión de Justicia. El diputado, del sector más acuerdista del PRO, cuenta con una buena llegada al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al Tribunal Superior de Justicia porteño.
Por ello en los próximos meses en el macrismo comenzó a circular la idea de avanzar en una Reforma del Fuero Contencioso pero de manera escalonada. Una de las primeras medidas que se estudian es buscar mecanismos que permitan destrabar expedientes vinculados a ejecuciones por muy bajo valor.
Esta es una de las causas del colapso que vive hoy la Justicia de la ciudad en este Fuero y que tiene como consecuencia directa el retraso en las decisiones.
De todas maneras, ya el año pasado el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, había ensayado un acercamiento a los jueces de primera instancia para intentar conciliar posiciones luego de los embates de Tonelli. Ahora el “gabinete jurídico” promete seguir esa línea.